En 2015, la Ley Penal china tipificó el delito de “Asistencia en actividades delictivas de redes de información” (conocido como “Colaboración en delitos informáticos”). Desde que la campaña “Corte de Tarjetas” intensificó la lucha contra el crimen financiero, los procesos por este delito han aumentado de forma vertiginosa—según datos públicos, ya ocupa el tercer lugar entre los casos penales en China. Este delito genera opiniones divididas: por un lado, algunos lo consideran “preferible”, ya que la responsabilidad jurídica es menos grave que la de los coautores; por otro, supone una herramienta subsidiaria compleja, difícil de esquivar cuando se buscan consecuencias legales menos severas. En realidad, la interpretación de este delito y los criterios de condena varían mucho entre los tribunales locales, lo que da lugar a fallos dispares en procedimientos similares. El 28 de julio de 2025, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública presentaron conjuntamente las “Opiniones sobre el tratamiento de causas penales por asistencia en actividades delictivas de redes de información” (“las Opiniones”), que establecen un nuevo marco regulatorio de referencia para este delito, conocido popularmente como la “Nueva Regulación sobre Colaboración en Delitos Informáticos”.
Las Opiniones modifican de raíz los estándares para la configuración y el castigo del delito de colaboración en delitos informáticos. Los principales cambios son los siguientes:
Junto con las Opiniones, las autoridades publicaron siete casos representativos, que cubren roles clave dentro del mercado cibercriminal “negro y gris”—como los “comerciantes U”, los “proveedores de cuentas” y los “servicios de desbloqueo profesionales”. Destaca el Caso 4, centrado en delitos con monedas virtuales. Un examen detallado de las Opiniones y estos casos muestra que los procedimientos apenas difieren de los penales ordinarios, si bien las medidas contra los delitos en red y las cadenas de suministro criminales son ahora mucho más estrictas y contundentes.
[Resumen del caso] A mediados de julio de 2022, los acusados Wang, Zhang y Zhao acordaron lucrarse ilegalmente ayudando a otros a transferir dinero procedente de actividades delictivas mediante transferencias bancarias, retiradas en efectivo y conversiones de moneda virtual. Cada uno desempeñaba un papel concreto: Wang ponía los fondos, Zhao los usaba para comprar monedas virtuales y transfirió el depósito a su superior, mientras Wang y Zhang adquirían numerosas tarjetas bancarias para entregarlas al cabecilla y facilitar la recepción de fondos ilícitos. Una vez que los ingresos criminales se depositaban en dichas tarjetas, el cabecilla ordenaba a otras personas retirar efectivo en diversas sucursales bancarias en la ciudad de Daqing, provincia de Heilongjiang. Después de restar una comisión del 10 %–15 % sobre los fondos sacados, el resto se usaba para comprar moneda virtual y se enviaba al cabecilla. La investigación reveló que, entre el 5 y el 14 de agosto de 2022, Wang y sus colaboradores transfirieron más de 400 000 RMB obtenidos mediante fraude y pertenecientes a 15 víctimas, incluida Lin.
[Resolución judicial] El Tribunal Popular del distrito de Acheng en Harbin declaró a Wang y Zhang culpables de ocultar y disfrazar fondos criminales, imponiéndoles tres años y seis meses de prisión y una multa de 30 000 RMB a cada uno; Zhao fue condenado a tres años y tres meses de prisión y una multa de 25 000 RMB. Los tres recurrieron, pero la instancia de apelación ratificó la sentencia original.
[Advertencia legal] Wang, Zhang y Zhao blanquearon ingresos ilícitos cambiando fondos delictivos recibidos a través de tarjetas bancarias por moneda virtual, ejemplificando el método conocido como “de tarjeta a U y regreso” para canalizar dinero ilegal mediante operaciones cripto—una práctica que muchos criminales consideran el “circuito cerrado” idóneo. En la realidad, los estafadores situados en la parte alta de la cadena—a menudo en el extranjero—aprovechan el anonimato, la ocultación y la flexibilidad de las criptomonedas para mover fondos robados y dificultar las investigaciones policiales. Los cómplices de nivel inferior facilitan el blanqueo y la transferencia, alimentando los delitos de la parte superior y generando pérdidas graves y, en muchos casos, irreparables para las víctimas. Este caso no solo muestra la aplicación concreta de las Opiniones, sino que establece pautas claras de conducta y criterios legales: los intermediarios que sólo facilitan la circulación de fondos ilícitos deben responder con rigor ante la ley, aunque no participaran directamente en el fraude inicial.
En Web3, el desarrollo solo será posible “si la conformidad es lo primero”.
1. La nueva regulación transmite un mensaje claro: la ignorancia ya no es excusa. Los profesionales de Web3 han de priorizar el conocimiento jurídico, mantenerse atentos, implementar sistemas robustos de gestión de riesgos y establecer mecanismos sólidos de cumplimiento normativo para operar conforme a la ley. De lo contrario, puedes terminar siendo usado por criminales o convertido en su cómplice, incluso sin saberlo.
2. Bajo una política de flexibilidad y severidad equilibrada, estudiantes o personas coaccionadas pueden recibir penas más leves, mientras los expertos técnicos afrontan sanciones superiores. A raíz de las Opiniones, ingenieros y responsables de exchanges de monedas virtuales, mezcladores y billeteras anónimas deben mantenerse especialmente alerta: incluso si no participan directamente en fraudes o esquemas piramidales, desarrollar herramientas que permitan la actividad ilegal ya se considera colaboración en delitos informáticos. Se abandona así el criterio de “neutralidad técnica” y se adopta el de “asistencia técnica”.
3. Los comerciantes OTC (extrabursátil) asumen un riesgo penal considerablemente mayor. Si un comerciante OTC sigue operando tras el bloqueo de su cuenta, las autoridades pueden atribuir “actividad continuada tras la restricción”, lo que constituye directamente colaboración en delitos informáticos. Ofrecer servicios de emparejamiento de USDT a intermediarios ocultos puede ocasionar varios cargos simultáneos.
4. El cumplimiento normativo se convierte en un imperativo para cualquier startup Web3. Los fundadores deben establecer cuanto antes sistemas específicos de cumplimiento normativo sectorial y proporcionar formación legal continua a todo el equipo.
Las Opiniones fijan criterios sancionadores más rigurosos para conductas organizadas y profesionales de colaboración. Esto incrementa el coste para los delitos de la parte superior y permite una lucha más firme contra proveedores profesionales de tarjetas y otros agentes nocivos. Aunque las Opiniones clarifican las pautas para el enjuiciamiento y la condena—ofreciendo a los abogados reglas más claras y fundamentos jurídicos sólidos para la defensa—el concepto de “participación consciente” sigue siendo difuso en casos complejos. Es necesario investigar a fondo aspectos como el grado de conocimiento, los motivos y los incentivos financieros. En definitiva, la publicación de las “Opiniones sobre el tratamiento de causas penales por asistencia en actividades delictivas de redes de información” inaugura una etapa de regulación “penetrante” para el criptosector en China. Los actores del mercado deben ser conscientes de que solo un sistema de cumplimiento normativo integral—que abarque la revisión previa al evento, la vigilancia en tiempo real y el seguimiento posterior—permitirá mantener operaciones legales.
La abogada Meimei aconseja a los profesionales del sector cripto que eviten toda actividad que pueda suponer “colaboración” delictiva, aunque sea involuntaria, y que acudan de inmediato a un abogado si son investigados, para evitar que sus declaraciones puedan ser consideradas como implicación dolosa.